Celebran "boda" gay en el Parque Duarte

A pesar del cerco policial, del acoso y de las fotografías para amedrentar a los gays y lesbianas que celebraban el Día Internacional Orgullo LGBT, estos ciudadanos se quedaron en el Parque Duarte, hablando, bailando, jugando, rapeando y hasta se hizo la boda ilegal.

Denise Paiewonsky nos envía un post que reconoce esta injusticia, planteando como remediarla...


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Desde que en el 2001 se realizó la primera celebración del Orgullo Gay y Lésbico en nuestro país, las autoridades han negado, objetado y/o retrasado todos los permisos para su celebración formal que les han sido solicitado por organizaciones LGBT.

Esta actitud arbitraria e injustificada de las autoridades obligó a sustituir las marchas y concentraciones por pequeñas reuniones informales en espacios recreativos, actividad que no requiere ningún tipo de permiso de las autoridades.

Pero resulta que en nuestra moderna democracia tampoco esto se permite. En el 2005, la reunión informal convocada en el Boulevard de la 27 fue objeto de un operativo policial; al Bar Fritos Verdes, que hacía de punto focal de la reunión, se le amenazó para que no abriera sus puertas y poco después fue clausurado definitiva y arbitrariamente por la fiscalía.


Además de divulgar ilegalmente los nombres de las personas arrestadas esa noche –muchas de las cuales perdieron de inmediato sus empleos-, el fiscal calificó de “inmorales” a los participantes, no porque realizaran ninguna actividad reñida con la ley sino por el simple hecho de SER gays o lesbianas Pueden ver una reseña de lo acontecido y las declaraciones del fiscal Hernández Peguero aquí .

Eventos similares han ocurrido desde entonces en torno a la fecha del Orgullo y este año no ha sido la excepción. Tras negarle a la Iglesia Metropolitana el permiso solicitado para realizar una liturgia conmemorativa en el Parque Duarte la noche del sábado 27, las autoridades procedieron a realizar otro aparatoso operativo policial, rodeando el parque de agentes de la Policía Nacional y de Politur y de vehículos policiales con las luces de emergencia encendidas, mientras agentes uniformados sacaban fotografías de los asistentes con el claro propósito de amedrentarlos.

Todo esto para impedir que un reducido grupo de gays y lesbianas, en su mayoría habitués del parque los fines de semana, se reunieran a tomarse unas cervezas en conmemoración del Día del Orgullo. Esta es la democracia que nos gastamos.

Los comportamientos antidemocráticos y autoritarios de Interior y Policía y de Politur no son hechos aislados, sino que reflejan la actitud de las autoridades a todos los niveles del Estado.

Es la actitud que encuentran las transexuales cuando llegan lastimadas a las Emergencias de los hospitales públicos (las más de las veces a causa de agresiones homofóbicas) y el personal de salud se niega a atenderlas o, en mejor de los casos, las somete a las más brutales humillaciones antes de hacerlo.

Es la actitud que manifiestan las autoridades judiciales cada vez que decretan el cierre arbitrario de algún bar gay, quizás porque estaba localizado en la Zona Colonial y ofendía las sensibilidades homofóbicas del Cardenal, o quizás porque el gobernador provincial se creía con derecho a decretar unilateralmente su cierre (como amenazó con hacer el Gobernador de Santiago cuando el bar Skrupulos anunció la realización de un concurso de belleza gay, una actividad privada, celebrada a puertas cerradas y que no violaba ninguna ley.

Recuérdese que este bar, como la mayoría de los establecimientos LGBT, ya había sido cerrado anteriormente a instancias de autoridades de la Secretaría de Cultura de Santiago).

La misma actitud homofóbica y discriminatoria fue puesta de manifiesto por la Comisión de Juristas que elaboró la propuesta de Reforma Constitucional, cuando excluyó la orientación sexual de las protecciones establecidas en el Art. 29, que originalmente rezaba: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”.

Para que no quede duda de la intencionalidad expresa y aviesa de dicha omisión por parte tanto de los autores del texto original como de la Asamblea Revisora , considérese que cuando las organizaciones LGBT presentaron en vistas públicas una propuesta para incorporar orientación sexual, discapacidad y edad a dicho artículo, los distinguidos miembros de la Asamblea decidieron incluir los dos últimos factores pero no la orientación sexual, que quedó definitivamente excluida del actual Art. 10.

De manera similar, esas mismas autoridades aprobaron el Art. 44 que también de manera expresa y aviesa excluye a las personas del mismo sexo del derecho a contraer matrimonio y a formar familia.

Alguien que explique cómo es que en un país donde todas las personas “serán iguales ante la ley y gozarán de los mismos derechos, sin discriminación”, sólo los heterosexuales podrán disfrutar de los derechos y beneficios que otorga el matrimonio civil, mientras las parejas del mismo sexo seguirán invisibilizadas y sometidas a innumerables formas de discriminación.

El catálogo de violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía LGBT no tiene fin. En magnitud y crueldad solo se compara al de la población de origen haitiano, con quien se disputa el título de grupo social más despreciado, estigmatizado y discriminado del país.

¿A qué autoridad acudir cuando te despiden injustamente del trabajo, te botan del liceo, te niegan el alquiler de una vivienda, te arrestan sin razón alguna, te agraden en la calle, etc., si las mismas autoridades supuestas a defender tus derechos ciudadanos entienden que toda persona gay o lesbiana es, por definición, inmoral?

¿Cuando estas mismas autoridades incluyen la homosexualidad lado a lado con la prostitución, el consumo de drogas y otras formas de delincuencia a combatir? ¿Cuando los encargados de hacer valer las garantías constitucionales de igualdad no acaban de entender que las personas LGBT tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano?

¿A quién acudir cuando las máximas autoridades civiles y religiosas del país, las que con tanto ahínco defienden el derecho a la vida de los embriones, permanecen mudas e indiferentes ante los crímenes homofóbicos que con tanta frecuencia ocurren en el país y que la Policía Nacional se muestra tan misteriosamente incapaz de resolver?

Los abanderados de la democracia y de la modernidad no deben olvidar que en nuestro país existen personas que, más que ser considerados ciudadanos de segunda categoría, ni siquiera son considerados ciudadanos, porque no son vistos ni tratados como portadores de derechos. Hoy Día Internacional del Orgullo LGBT, es buen momento para reconocer esta injusticia y empezar a remediarla.

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